La Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC) denunció públicamente que el Poder Ejecutivo ha consumado una maniobra política para intervenir la estructura de gobierno de las Cajas Municipales, al introducir una reforma de alto impacto en la Ley N.º 32515, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2026. Según la federación, esta modificación legislativa constituye una afectación directa a la autonomía institucional de las CMAC y representa un grave precedente de captura política de un sistema financiero especializado que atiende a millones de peruanos.
La reforma fue incluida como la Décimo Quinta Disposición Complementaria Final de la ley de endeudamiento, pese a que dicha norma tiene como propósito regular la política fiscal del Estado y no modificar la estructura de entidades del sistema microfinanciero. La disposición altera la composición de los directorios de las Cajas Municipales, redefine los criterios de idoneidad moral y técnica de sus miembros e introduce cambios en los periodos de designación y reelección de sus integrantes. Para la FEPCMAC, este procedimiento legislativo constituye una práctica que vulnera la transparencia y evade el debate público que una reforma estructural de esta magnitud requiere.
La federación señaló que incorporar modificaciones a un sector financiero especializado dentro de una norma ajena a dicho ámbito impide un adecuado escrutinio técnico y democrático. Al no haberse discutido la reforma en las comisiones pertinentes ni con los actores del sistema, la FEPCMAC advierte que se genera un riesgo para la estabilidad institucional del modelo de Cajas Municipales, cuya fortaleza se basa precisamente en su autonomía, su carácter descentralizado y su gestión bajo estándares técnicos y regulatorios estrictos.
Frente a este escenario, la FEPCMAC informó que ha iniciado coordinaciones con el decano del Colegio de Abogados de Lima para evaluar las implicancias constitucionales de la disposición aprobada. Como parte de este análisis, la federación anunció que ya trabaja en la presentación de una acción de inconstitucionalidad que permita revertir la medida y preservar la integridad del sistema. Según precisaron, la reforma no solo modifica un órgano de gobierno, sino que abre la puerta a interferencias políticas que podrían comprometer la independencia, la transparencia y la reputación del modelo CMAC.
Jorge Solís Espinoza, presidente de la FEPCMAC, cuestionó la forma y la oportunidad en que se aprobó la disposición. “No corresponde que una reforma de alto impacto para un sistema que atiende a millones de personas se apruebe de manera silenciosa, dentro de una ley que trata sobre endeudamiento público y sin ninguna relación con el sector. Las Cajas Municipales se han construido sobre bases técnicas, institucionales y éticas, por lo que cualquier modificación debe discutirse de cara al país, con evidencia, transparencia y responsabilidad”, señaló. Solís enfatizó además que el sistema CMAC ha contribuido decisivamente a la inclusión financiera en regiones donde la banca tradicional tiene una presencia limitada, por lo que cualquier interferencia política podría generar retrocesos significativos.
La FEPCMAC expresó su preocupación por los riesgos que esta medida podría generar en la gobernanza y estabilidad del sistema, especialmente en un contexto en el que las Cajas Municipales deben operar con altos estándares de gestión de riesgos y bajo la supervisión permanente de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. La federación advirtió que una modificación intempestiva en sus órganos de gobierno podría afectar la confianza del mercado, las calificaciones de riesgo y la percepción de transparencia que el sistema ha construido durante décadas.
Finalmente, la federación reiteró que continuará desplegando acciones institucionales y legales para proteger la autonomía de las Cajas Municipales y salvaguardar un modelo que, destacaron, ha logrado consolidarse como uno de los sistemas microfinancieros más sólidos de la región. Para la FEPCMAC, la defensa de este esquema no responde únicamente a criterios técnicos, sino a la necesidad de garantizar que millones de peruanos mantengan acceso a servicios financieros inclusivos, sostenibles y libres de interferencias políticas.
