Certificado de seguridad vence el 4 de octubre y la comuna se niega a inspeccionar
El abogado Juan Melecio Quiroz Garrido (CAL 0790, DNI 40513077), asesor legal de Hospitales Municipales S.A.C., denunció en una entrevista exclusiva con La Razón que el centro médico de la avenida Flora Tristán 925, en La Molina, es hostigado por la municipalidad distrital. El 4 de octubre vence su certificado de seguridad en edificaciones y, según dijo, la comuna ya le comunicó que no hará la inspección necesaria para renovarlo.
El local reabrió en julio, tras un año y ocho meses cerrado. Desde entonces, afirma Quiroz, recibieron “aproximadamente 5 a 6 fiscalizaciones, inclusive estas se dieron hasta en un día dos veces”, algo que, a su juicio, “no se da en ningún otro sector médico ni en ningún otro negocio del distrito de La Molina”.
Para renovar el certificado, la empresa inició el trámite administrativo regular. La respuesta fue una carta. “Nos cursan una carta y nos dicen que no se va a poder realizar la inspección”, relató. Precisó que el propio informe municipal admite que el hospital tiene una medida cautelar vigente.
Batalla judicial
Quiroz ubica el fallo a favor de la empresa el año pasado. Según dijo, el juzgado dio tres días a la comuna para restituir certificados y licencias, pero esta “hace caso omiso”. Por eso presentaron una denuncia penal por desacato. Aseguró que hay otras contra funcionarios y contra Diego Uceda. La municipalidad apeló y el caso espera el pronunciamiento de la Corte Suprema en casación. “Tenemos sentencias ganadas ya en la vía judicial, tenemos una medida cautelar vigente”, afirmó.
Consultado sobre si Uceda, quien fue alcalde y hoy postula como regidor, tiene responsabilidad, respondió: “Definitivamente Diego Uceda desde el principio tiene que ver porque es la autoridad política y el responsable político”. Añadió que los inspectores les dicen que “cumplimos órdenes”. Como posible motivo, planteó que habría intereses en otro local al que, dijo, “él le ha cedido el nombre que teníamos nosotros”, en referencia a MoliSalud.
Convenio e inversión
El convenio con la municipalidad se firmó en 2016 por 20 años y, según el abogado, no es un alquiler. Dijo que la empresa financió la “vaca mecánica” y el laboratorio bromatológico: “Nosotros ponemos el dinero y la municipalidad tenía que haberlo implementado ya”. Pidió que intervenga la Contraloría.
Reveló además que hay “una reducción del 60%” en las personas atendidas respecto a antes del cierre. Añadió que los proyectos del centro quirúrgico y de hospitalización quedaron paralizados. Indicó que Indecopi declaró ilegales las barreras burocráticas de la comuna y que se inició un procedimiento sancionador. También informó que la empresa demandó por daños y perjuicios, un proceso que, anticipó, “va a ser millonario”. Si logran una indemnización, donarán dos ambulancias a La Molina.
Con el certificado a punto de vencer, Quiroz admitió que “hay riesgo de que nos cierren”. Sostuvo que la medida cautelar, que sigue activa, debe regir hasta que se pronuncie la Corte Suprema, un trámite que puede tomar años. Mientras tanto, dijo, “el siguiente paso” es “continuar con la atención” y esperar el fallo final.
